Lay Yun García Kong, Consultora legal corporativa en regulación y compliance del sector del juego, analiza la repercusión de regular la publicidad del juego u optar por la prohibición.
De los vetos al péndulo regulatorio
Durante la última década, muchos países vivieron una explosión de patrocinios y En pocos años, la publicidad del juego ha pasado de estar por todas partes —camisetas, estadios, retransmisiones y redes— a ser limitada o incluso vetada en varios países. La preocupación por la exposición de menores y los riesgos de ludopatía llevó a los reguladores a endurecer las normas.
Pero el giro ha tenido efectos inesperados: caída de ingresos para el deporte profesional, pérdida de visibilidad para los operadores con licencia y un crecimiento del mercado ilegal que opera sin controles ni protección para el jugador.
Ese vaivén entre apertura y prohibición puede entenderse como un “péndulo regulatorio”: primero se corrige un exceso, pero después hay que corregir la corrección porque aparece un nuevo problema.
Italia como laboratorio
El caso de Decreto Dignità en Italia marcó un antes y un después: con su entrada en vigor, prácticamente se impuso un veto total a la publicidad y patrocinio del juego y apuestas, incluyendo patrocinios deportivos.
El impacto económico fue notable: se estima que los clubes de fútbol profesionales dejaron de percibir entre 130 y 150 millones de euros anuales en patrocinios relacionados con apuestas desde 2019, lo que debilitó su sostenibilidad. Ante ello, y reconociendo el daño a la financiación del deporte, el gobierno en 2025 impulsó un nuevo giro normativo mediante un proyecto (el “Sports Decree”) para permitir nuevamente los patrocinios, esta vez con un gravamen del 1 % destinado a financiar deporte, infraestructura, deporte femenino y políticas de juego responsable.
Este giro demuestra que el modelo de prohibición absoluta puede ser insostenible: cuando los costos económicos y sociales se vuelven evidentes, el regulador se ve obligado a retroceder, confirmando a Italia como un “laboratorio” real de regulación del juego.
España: dureza regulatoria, efectos adversos y fuga al mercado ilegal
En España, el Real Decreto 958/2020 supuso un “hard reset” de la publicidad del juego online. La norma impuso restricciones muy estrictas a la publicidad, bonos, patrocinios deportivos visibles y promoción general del juego.
Pero detrás de la regulación se han detectado efectos colaterales preocupantes. Según el informe EY – JDigital sobre juego online ilegal en España, en 2024 se estimó que el mercado no regulado movió aproximadamente 231 millones de euros, lo que equivale al 16 % del mercado regulado online.
Respecto al uso por parte de jugadores, el mismo informe señala que un 23,4 % de quienes juegan online ha accedido alguna vez a operadores no regulados (ya sea conscientemente o por error), y un 9,3 % reconoce operar en sitios sin licencia.
Estos datos sugieren que, en lugar de desaparecer, la demanda se ha reconfigurado: la restricción puede estar restando atractivo al mercado regulado, debilitando su visibilidad, y favoreciendo la migración hacia operadores ilegales, muchas veces con menor protección, sin controles, sin trazabilidad ni fiscalización.
Por lo tanto, aunque la intención regulatoria era legítima, proteger a consumidores vulnerables, prevenir ludopatía, reducir la exposición indiscriminada al juego, los resultados ponen en evidencia que una regulación demasiado dura sin canales efectivos de canalización puede tener consecuencias contraproducentes: el mercado ilegal sigue activo, y el regulado pierde su preeminencia.
El caso Perú: el Proyecto 13265/2025-CR y sus riesgos
En noviembre de 2025, el Congreso de Perú recibió el Proyecto de Ley 13265/2025-CR, que propone prohibir de modo absoluto la publicidad, promoción y patrocinio de todas las modalidades de juegos de azar: casinos, tragamonedas, apuestas deportivas presenciales y online, juegos de azar en línea, etc. La prohibición alcanzaría todos los medios: televisión, radio, prensa, internet, plataformas digitales, redes sociales, espacios públicos, e incluiría patrocinios de eventos deportivos, culturales, musicales o de cualquier índole.
El objetivo expuesto por sus promotoras es legítimo: proteger la salud pública, prevenir adicciones, reducir riesgos especialmente entre jóvenes y adolescentes, y evitar la normalización del juego.
No obstante, tomando como referencia lo ocurrido en otros países, este enfoque absoluto presenta riesgos importantes:
- Disminuye radicalmente la visibilidad y diferenciación de los operadores autorizados, lo que dificulta que el consumidor identifique plataformas legales frente a las ilegales.
- Puede empujar a una parte de la demanda hacia plataformas no reguladas, con menos controles, sin obligaciones de transparencia, sin medidas de protección al jugador, y sin aportar al fisco.
- Supone un desfinanciamiento potencial del deporte, de actividades culturales, juveniles o comunitarias que dependan de patrocinios, lo que podría debilitar estructuras vulnerables.
- Elimina un canal valioso de comunicación para políticas de juego responsable: información sobre riesgos, límites, autoexclusión, ayuda; debilitando la prevención.
- En un mercado regulado (como ya lo está Perú bajo la legislación existente), coloca a los operadores cumplidores en desventaja competitiva frente al mercado informal, lo que desincentiva la inversión legal y favorece el crecimiento de un sector opaco.
En suma, el proyecto peruano se inclina hacia una política de prohibición, más que de regulación responsable. Puede reducir la exposición del público al juego, sí, pero también corre el riesgo de efectos contraproducentes en términos de protección, recaudación y competitividad.
La regulación del juego no debería apostar por desaparecer la actividad, sino por ordenarla y elevar sus estándares. Un mercado regulado fuerte: visible, fiscalizable y competitivo, es el que realmente permite al Estado proteger al consumidor, garantizar trazabilidad, exigir responsabilidad social y generar inversión y empleo de manera sostenible.
Porque prohibir no es controlar, cuando la visibilidad del operador legal se apaga, la demanda no desaparece… se desplaza al canal que no cumple reglas. Y allí se diluyen la supervisión, la transparencia y la protección.
El reto regulatorio consiste hoy en preservar la finalidad de salud pública sin debilitar el mercado formal. La experiencia comparada muestra que el equilibrio existe: un marco donde la publicidad se ejerce con responsabilidad, donde la competencia se desarrolla dentro de la ley, y donde el Estado mantiene el control, no lo pierde.
Fuentes:
Tendencia a más restricciones y efectos no deseados: SiGMA World sobre publicidad de juego en Europa 2025
Necesidad de regulación matizada para canalización y protección: análisis sectorial y académico La Ley del Juego en España 2025 – PwC
Decreto Dignità y casi veto total: SBC News: Italy Autumn Waltz on Gambling
European Gaming and Betting Association sobre mercado ilegal en Italia
Real Decreto 958/2020 restricciones severas en publicidad y patrocinios: Cuatrecasas análisis
Informe EY – JDigital con datos mercado ilegal España 2024 (231 M€, 23.4% usuarios, 9.3% usuarios ilegales): iGamingExpress EY Report y Next.io resumen
Perú, Proyecto 13265/2025-CR
